La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia avanza hacia un modelo centrado en la autonomía personal
El texto aprobado por el Congreso incorpora nuevos apoyos, reduce trámites y refuerza la accesibilidad universal, aunque todavía debe completar su tramitación parlamentaria.
El Congreso de los Diputados aprobó el 14 de julio el proyecto de reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. La iniciativa busca actualizar el sistema desde un enfoque basado en los derechos, la vida independiente y la capacidad de las personas para decidir sobre los apoyos que necesitan.
Entre las principales novedades se encuentra la incorporación de la asistencia personal como un servicio propio del catálogo de dependencia, dirigido a personas de cualquier grado. Su finalidad será favorecer la autonomía y facilitar el desarrollo del proyecto de vida elegido por cada persona, tanto dentro del domicilio como en ámbitos cotidianos, comunitarios, educativos o laborales.
El proyecto también plantea reducir la burocracia mediante la correspondencia entre los grados de dependencia y discapacidad. Las personas con grado I de dependencia tendrán reconocido, a efectos de esta ley, un 33 % de discapacidad, mientras que los grados II y III se corresponderán con un 65 %. De este modo, se evitaría que muchas personas tengan que pasar por dos procedimientos administrativos diferentes.
Asimismo, se amplía el catálogo con nuevos recursos, como el servicio de préstamo o cesión temporal de productos de apoyo, y se reconoce la teleasistencia como un servicio complementario compatible con otras prestaciones. También se refuerza la participación de la persona en la elaboración de su Programa Individual de Atención, que deberá tener en cuenta su voluntad, deseos, preferencias y circunstancias.
La reforma incorpora además medidas relacionadas con la accesibilidad universal, la atención temprana, la protección de mujeres y menores con discapacidad y la progresiva compatibilidad de diferentes apoyos domiciliarios. Son cuestiones especialmente relevantes para avanzar hacia una atención más personalizada y vinculada a la inclusión en la comunidad.
Para ASPAYM Castilla y León, esta reforma representa un avance en ámbitos directamente relacionados con su trabajo, como la autonomía personal, la accesibilidad, la vida independiente y la participación social de las personas con discapacidad. No obstante, el texto entró en el Senado el 20 de julio y todavía debe completar su tramitación antes de quedar definitivamente aprobado y entrar en vigor. Su impacto real dependerá también de su desarrollo posterior, de la financiación disponible y de su aplicación efectiva por parte de las administraciones.
